A veces uno se levanta, pone la cafetera —de esas italianas que tardan lo suyo, nada de cápsulas rápidas— y se asoma a la prensa esperando encontrar algo de calma. Pero la actualidad política en España tiene esa manía de no darnos tregua. Hoy el café me ha sabido un poco más amargo al leer los últimos avances del caso que rodea a Begoña Gómez. Y no es por el ruido mediático habitual, que ya sabemos cómo va esto, sino por un detalle técnico que, a quienes nos gusta el código y la gestión de proyectos, nos chirría especialmente: el lío del software y la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
La verdad es que el tema tiene miga. No estamos hablando solo de una disputa de despachos, sino de algo que toca la fibra de cómo se entiende la propiedad intelectual en nuestro país. Resulta que el juez Peinado ha puesto el foco en una prueba que, sinceramente, deja en una posición muy comprometida a la mujer del presidente. La cuestión central es que, según las investigaciones, se eludió deliberadamente el registro oficial de una plataforma digital en la propia universidad para, presuntamente, acabar registrándola a nombre personal. Vaya, que es como si pides prestado el taller de un amigo para arreglar un coche y, cuando terminas, le cambias la matrícula y dices que el coche siempre fue tuyo.
Para entender este embrollo, hay que bajar al barro de lo que era la Cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC). Se supone que el objetivo era noble: crear una herramienta, un software, que ayudara a las pequeñas y medianas empresas (pymes) a medir su impacto social y ambiental. En un mercado como el español, donde el tejido empresarial depende tantísimo de las pymes, una herramienta así tiene sentido. El problema no es el «qué», sino el «cómo» y el «de quién».
La plataforma en cuestión no fue un desarrollo de fin de semana. Fue un proyecto de envergadura que contó con la «colaboración» (y pongo comillas porque aquí es donde la cosa se pone gris) de gigantes como Google, Indra y Telefónica. Estas empresas, según los informes, habrían aportado recursos y trabajo valorados en cientos de miles de euros. Lo lógico, lo que dicta el sentido común y la normativa universitaria española, es que si algo se desarrolla bajo el paraguas de una institución pública como la Complutense, el resultado —el código, la propiedad intelectual, los derechos de explotación— pertenezca a la universidad. O al menos, que esté registrado allí.
Pero aquí es donde la historia da un giro de guion digno de serie de sobremesa. Al parecer, en el momento en que la UCM empezó a pedir explicaciones y a exigir que los derechos de esa herramienta se formalizaran a su nombre, el contacto se rompió. Begoña Gómez, según los indicios que maneja el juzgado, habría eludido esos trámites para terminar registrando la marca y el software bajo su propia empresa, que curiosamente se llama igual que la cátedra: Transformación Social Competitiva (TSC) SL. Una jugada que, si se confirma, es de una audacia que asusta.
La figura de Juan Carlos Barrabés y el asesoramiento en la sombra
No podemos hablar de este caso sin mencionar a Juan Carlos Barrabés. Si te mueves un poco por el mundillo del emprendimiento en España, el nombre te sonará. Es un tipo que ha sabido posicionarse muy bien como gurú de la innovación. Pues bien, el juez Peinado señala que Barrabés no estaba allí solo para pasar el rato; su consultora asesoró en la creación de la cátedra y en el desarrollo de este software.
La relación entre Barrabés, Gómez y la Complutense es el eje sobre el que pivota gran parte de la investigación por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La pregunta que muchos nos hacemos es: ¿por qué una universidad pública permite que una persona sin titulación académica superior dirija una cátedra y, además, gestione un desarrollo tecnológico financiado por terceros que acaba en una empresa privada? Es que, si lo piensas, rompe todos los protocolos que cualquier investigador de la Politécnica de Cartagena, por poner un ejemplo cercano que conozco bien, tiene que seguir a rajatabla para registrar una simple patente.
En Cartagena, cuando alguien en la UPCT desarrolla algo, hay un departamento de transferencia de tecnología que te mira hasta el último punto y coma. No puedes simplemente llevarte el código a casa en un pendrive y decir que es tuyo. La burocracia es pesada, sí, pero está ahí para proteger el patrimonio público. Parece que en este caso, los controles fallaron o, peor aún, se miró para otro lado.
El registro que nunca llegó a la Complutense
Ojo con este detalle, porque es el que el juez considera una «prueba definitiva». Según el auto judicial, hubo varias fases en las que se pudo y se debió registrar el programa en la UCM. Sin embargo, se eludieron sistemáticamente. La sospecha es clara: el objetivo desde el minuto uno era usar la infraestructura, el prestigio y el dinero (indirecto, a través de las donaciones de empresas) de la universidad para generar un producto gratis que luego Begoña Gómez explotaría de forma privada.
La verdad es que esto me recuerda a esos proyectos de software libre que de repente alguien decide «cerrar» y empezar a cobrar por ellos, pero con el agravante de que aquí se ha usado una institución del Estado. La Complutense no es una incubadora de startups privada; es la universidad más grande de España y se financia con los impuestos de todos. Que se haya utilizado como una especie de «laboratorio de I+D personal» es lo que tiene a los servicios jurídicos de la propia universidad tirándose de los pelos.
Además, hay un componente emocional en todo esto. Para los que creemos en la educación pública y en la importancia de la investigación en España, ver estas noticias es un jarro de agua fría. Te hace pensar en cuántos investigadores brillantes están peleando por una beca de 1.200 euros mientras otros, por su posición, parecen tener alfombra roja para saltarse las normas más básicas de la propiedad intelectual.
¿Cómo funciona el registro de software en España?
Para que nos entendamos, el software en España no se patenta como una máquina, sino que se protege por derechos de autor, de forma similar a una obra literaria. Cuando un empleado (o en este caso, alguien vinculado a una cátedra) desarrolla un programa, la Ley de Propiedad Intelectual dice que los derechos pertenecen al empleador, a menos que se pacte lo contrario.
- El autor: Es quien pica el código, pero si lo hace bajo un contrato o encargo, la titularidad es de la entidad.
- La entidad: En este caso, la UCM. Debería haber sido la dueña de la plataforma.
- El registro: Se hace en el Registro de la Propiedad Intelectual. Es un trámite formal que deja constancia de quién es el dueño.
Lo que ha descubierto la investigación es que Begoña Gómez registró a su nombre no solo el dominio web, sino también la marca y, presuntamente, la autoría del concepto del software. Y lo hizo mientras la universidad seguía creyendo que el proyecto era suyo. Es una desconexión total entre la realidad institucional y la realidad registral que la mujer del presidente estaba construyendo en paralelo.
La reacción de la Universidad Complutense
La institución académica se encuentra en una situación de lo más incómoda. Por un lado, intentaron mantener las formas, pero al final no les ha quedado otra que personarse y admitir que hay cosas que no cuadran. La ruptura del contacto por parte de Begoña Gómez cuando se le exigieron los derechos del software es, quizás, el indicio más claro de mala fe que maneja el juez.
Imagínate la escena: los técnicos de la UCM enviando correos preguntando por el estado del registro y recibiendo el silencio por respuesta. Mientras tanto, en el Registro de Marcas, los papeles seguían su curso a nombre de TSC SL. Es una situación que, en cualquier empresa privada, acabaría en un despido fulminante y una demanda por apropiación indebida en menos de lo que tarda en enfriarse un café.
Y es que, al final del día, lo que se está juzgando aquí no es solo si hubo un beneficio económico directo, sino si se utilizó una posición de poder para obtener una ventaja que cualquier otro ciudadano no tendría. En España somos muy sensibles con el tema de los «enchufes» y los privilegios, y este caso toca todos esos puntos sensibles.
¿Qué papel juegan Google, Indra y Telefónica?
Es importante no perder de vista a las empresas que pusieron el dinero o el trabajo. Google, Indra y Telefónica no son hermanitas de la caridad; participan en estas cátedras por prestigio, por responsabilidad social corporativa o por estar cerca del poder. Lo que dudo mucho es que sus departamentos legales estuvieran al tanto de que su trabajo iba a terminar en una empresa privada propiedad de la mujer del presidente del Gobierno.
Para estas compañías, verse envueltas en un sumario judicial de este calibre es un dolor de cabeza reputacional. Indra y Telefónica, además, tienen una relación estrechísima con el Estado (el Estado es accionista de ambas a través de la SEPI). Esto añade una capa de complejidad ética brutal. ¿Se sintieron presionadas para colaborar en la cátedra? ¿Sabían quién iba a ser el beneficiario final del software? Son preguntas que el juez Peinado está intentando responder y que, sinceramente, me tienen en vilo.
Vaya, que si yo fuera el responsable de cumplimiento (compliance) de una de estas empresas, ahora mismo no estaría durmiendo muy tranquilo. El control de los fondos y de los recursos en las grandes corporaciones españolas suele ser férreo, pero parece que cuando aparece un nombre con ciertos apellidos, las alarmas no suenan con la misma intensidad.
La defensa de Begoña Gómez y el contexto político
Desde el entorno de la Moncloa y la defensa de Gómez, se insiste en que todo es una persecución política, una «causa prospectiva» sin fundamento. Dicen que no hay delito porque el software nunca llegó a comercializarse a gran escala o porque la intención siempre fue ayudar a las pymes. Pero, seamos realistas, en derecho penal la intención es importante, pero los hechos lo son más. Y el hecho de registrar a tu nombre algo que no te pertenece es, como poco, irregular.
La estrategia de defensa parece pasar por minimizar el valor del software. Dicen que era algo básico, casi un prototipo. Pero claro, si era tan básico, ¿por qué se involucró a tres de las tecnológicas más grandes del mundo? ¿Por qué se registró con tanto celo en la oficina de patentes y marcas? Hay una contradicción evidente entre decir que algo no vale nada y, al mismo tiempo, maniobrar para quedártelo en propiedad.
Además, el ambiente político en España no ayuda a analizar esto con frialdad. Estamos en un clima de polarización extrema donde parece que hay que elegir bando: o estás con Begoña o estás contra el Gobierno. Yo prefiero quedarme en el bando de los que quieren saber qué pasó con el dinero y los recursos públicos. Porque, al final, la transparencia no debería tener color político.
Una reflexión desde la óptica de la innovación en España
Como alguien que escribe sobre tecnología y sigue de cerca el ecosistema de startups en España, este caso me entristece. En ciudades como Málaga, Valencia o mi querida Cartagena, hay gente dejándose la piel para sacar adelante proyectos tecnológicos con muy pocos recursos. Emprendedores que pasan meses negociando con las universidades para poder licenciar una tecnología de forma legal y ética.
Este tipo de noticias ensucian la imagen de la colaboración público-privada. Si la percepción general es que las cátedras universitarias son chiringuitos para que los amigos del poder hagan sus negocios, estamos perdidos. La transferencia de conocimiento de la universidad a la empresa es vital para que España no se quede atrás en la carrera de la IA y la digitalización, pero tiene que hacerse con luz y taquígrafos.
En Cartagena, por ejemplo, tenemos una tradición de ingenio que viene de lejos. Solo hay que pensar en Isaac Peral. El tipo inventó el submarino torpedero, un hito mundial, y tuvo que luchar contra la burocracia y las envidias de su propio país. Lo suyo fue un ejemplo de servicio público y patriotismo técnico. Comparar ese espíritu con lo que estamos viendo en el caso del software de la Complutense… bueno, las comparaciones son odiosas, pero inevitables.
El impacto en la marca «España» y la seguridad jurídica
Para que los inversores extranjeros confíen en nosotros, necesitamos seguridad jurídica. Si un inversor ve que en España la propiedad intelectual de un proyecto universitario puede acabar en manos privadas por una decisión arbitraria, se lo pensará dos veces antes de poner su dinero aquí. La ética en los negocios no es solo una cuestión moral; es una cuestión de competitividad económica.
La verdad es que este caso del software es un síntoma de un problema más profundo: la falta de mecanismos de control reales en las instituciones más altas del Estado. No puede ser que todo dependa de que un juez decida investigar tras una denuncia. Los sistemas de auditoría interna de la Universidad Complutense deberían haber saltado mucho antes.
¿Qué podemos esperar a partir de ahora?
El proceso judicial sigue su curso y, con la incorporación de esta prueba sobre el registro del software, parece que el cerco se estrecha. El juez Peinado no parece alguien que se deje amedrentar fácilmente por las presiones, y eso, independientemente de lo que uno piense del caso, es una buena noticia para el sistema judicial.
En las próximas semanas veremos desfilar a más testigos y, probablemente, se pedirán más informes periciales sobre el código fuente y los registros de propiedad. Será clave determinar si hubo un perjuicio económico cuantificable para la UCM. Si la universidad puede demostrar que dejó de ganar dinero o que perdió un activo valioso, la acusación de malversación o apropiación indebida cobrará mucha más fuerza.
Por otro lado, está la vertiente política. El Gobierno intentará capear el temporal como siempre, pero el desgaste es evidente. No es plato de buen gusto para ningún presidente tener a su mujer imputada por cuatro delitos y con pruebas técnicas que parecen tan sólidas.
Para que nos entendamos, esto ya no es solo una cuestión de «relato» o de «fango». Es una cuestión de papeles, de fechas de registro y de correos electrónicos. Y en el mundo digital, los papeles (o los logs) no mienten. Si eludiste el registro oficial, tendrás que explicar por qué lo hiciste y bajo qué amparo legal.
La conclusión que saco de todo esto…
Al final del día, lo que queda es una sensación de oportunidad perdida. Podríamos estar hablando de cómo España lidera la medición del impacto social en las pymes gracias a una herramienta innovadora desarrollada en nuestra mejor universidad pública. En cambio, estamos hablando de juzgados, de presuntos tratos de favor y de un software que, en lugar de servir a la sociedad, parece que sirvió para engrosar el patrimonio de una sola persona.
La verdad es que me gustaría ser más optimista, pero viendo cómo se están desarrollando los acontecimientos, me temo que todavía nos quedan muchos capítulos de este culebrón técnico-legal. Solo espero que, al menos, esto sirva para que las universidades españolas pongan orden en sus cátedras y para que nadie, por muy cerca que esté del poder, vuelva a confundir lo público con lo privado.
Y ahora, si me disculpáis, voy a por otra taza de café. Esta vez, espero que sin noticias tan amargas en el periódico. Porque, vaya, menuda racha llevamos. Entre la IA que nos va a quitar el trabajo (o eso dicen algunos, yo no lo tengo tan claro) y la política que no nos deja vivir tranquilos, uno ya no sabe si refugiarse en la historia de Cartagena o mudarse directamente a una cueva sin Wi-Fi. Pero bueno, aquí seguiremos, al pie del cañón, intentando desgranar la realidad para que, al menos, la entendamos un poco mejor.
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