A veces uno se levanta con ganas de arreglar el mundo desde el teclado, y otras veces, simplemente te pones a bichear qué están haciendo en otros rincones del planeta para ver si aquí, en nuestra querida España, se nos está escapando algo. La verdad es que, cuando hablamos de digitalización estatal, solemos mirar mucho hacia Estonia o los sospechosos habituales del norte de Europa. Pero, ojo con esto, porque al otro lado del charco hay movimientos que, si bien nos pillan lejos geográficamente, tocan temas que aquí en Cartagena, y en el resto de la península, nos deberían hacer vibrar un poco la fibra tecnológica.
Me he topado con el portal de la Agetic. Para los que no estén puestos en siglas (que ya sabemos que a la administración le encantan), se trata de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación. Sí, un nombre largo de esos que te dejan sin aliento si intentas decirlo del tirón después de subir las cuestas del Castillo de la Concepción. Aunque su radio de acción es Bolivia, lo que plantean en su página principal es un espejo muy interesante donde mirarnos, especialmente en lo que respecta a la soberanía tecnológica y el uso del software libre.
La verdad es que este es un melón que en España llevamos tiempo queriendo abrir del todo, pero que siempre parece que se queda a medias. La Agetic pone sobre la mesa algo fundamental: la emisión de informes de conformidad para el uso de software propietario. ¿Qué significa esto en cristiano? Pues que antes de gastarse los cuartos en una licencia de una multinacional de esas que tienen sedes en paraísos fiscales, la administración tiene que justificar por qué no usa una alternativa libre o propia.
En nuestro contexto local, imaginad que el Ayuntamiento de Cartagena o la propia Comunidad Autónoma tuvieran que pasar un filtro similar cada vez que compran una suite de ofimática o un sistema de gestión de bases de datos. No es por ser tiquismiquis, pero es que al final del día, el dinero público debería, en la medida de lo posible, fomentar un ecosistema que no nos haga dependientes de un solo proveedor. Es lo que los expertos llaman «vendor lock-in», y es una trampa en la que es muy fácil caer y muy difícil (y caro) salir.
Además, esto de la soberanía no es solo una cuestión de perras, que también. Es una cuestión de seguridad. Si el código es cerrado, tenemos que confiar a ciegas en lo que nos diga la empresa de turno. Si el código es abierto y está en un repositorio estatal, cualquier auditor (o un desarrollador con mucho café y ganas de marcha) puede revisar qué se está haciendo con los datos de los ciudadanos. Y eso, amigos, en los tiempos que corren con la ciberseguridad pendiendo de un hilo, no tiene precio.
El Repositorio Estatal de Software Libre: Un GitHub para el pueblo
Una de las joyas de la corona que mencionan es su Repositorio Estatal de Software Libre. Esto me recuerda mucho a la iniciativa «Public Money, Public Code» que tanto ruido hace en Europa. La idea es sencilla pero potente: si el software se ha desarrollado con dinero de los impuestos, el código debería ser público. Punto.
Imaginad que un programador en una oficina de Murcia desarrolla una herramienta estupenda para gestionar las licencias de terrazas. Si ese código se sube a un repositorio centralizado y bien documentado, un compañero en Cartagena o en un pueblo perdido de la Sierra de Albarracín podría cogerlo, adaptarlo y mejorarlo sin tener que pagar a una consultora externa para que reinvente la rueda desde cero. Vaya, que es pura lógica de eficiencia, pero ya sabemos que a veces la lógica y la burocracia no van de la mano.
En España tenemos el CTT (Centro de Transferencia de Tecnología), que hace una labor similar, pero a veces le falta ese empuje de comunidad que tienen los proyectos de software libre de verdad. No se trata solo de «colgar el código», se trata de crear una cultura donde compartir sea la norma y no la excepción. Y es que, si mal no recuerdo, la mayoría de los grandes avances de la informática se han hecho así, compartiendo conocimiento, como cuando en la UPCT (Universidad Politécnica de Cartagena) los chavales se pasan scripts para resolver problemas complejos de ingeniería.
¿Cómo se traduce esto en servicios reales para la gente?
A veces nos perdemos en tecnicismos y nos olvidamos de que todo esto de la Agetic o de nuestra propia Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA) sirve para que la vida del ciudadano sea un poco menos sufrida. La página de la Agetic habla de herramientas y servicios digitales que buscan simplificar trámites.
Aquí en España, tenemos nuestra joya de la corona: la Carpeta Ciudadana. Si no la habéis usado, ya estáis tardando. Es de esas pocas cosas de la administración que funcionan razonablemente bien y que te ahorran viajes absurdos a oficinas con olor a papel viejo. Pero, ¿qué hay detrás de eso? Pues una infraestructura de interoperabilidad que es, precisamente, lo que agencias como la Agetic intentan estandarizar.
Para que nos entendamos: la interoperabilidad es que el ordenador de Hacienda se hable con el de la Seguridad Social y con el de tu ayuntamiento sin que tú tengas que ir de uno a otro con un papel sellado haciendo de mensajero medieval. Es un reto técnico de narices, porque cada uno suele usar sistemas distintos, lenguajes de programación de diferentes épocas (aún hay mucho COBOL escondido por ahí, ojo) y bases de datos que se miran de reojo.
Un pequeño ejemplo de código (con un toque de ironía)
Para los que os gusta picar código, o al menos entender qué pasa «bajo el capó», pensad en un servicio de validación de documentos. En un mundo ideal, la administración nos daría una API limpia. Algo así como:
// Intentando validar un documento sin morir en el intento
async function validarTramite(ciudadanoId, documentoTipo) {
try {
const respuesta = await fetch(`https://api.gobierno.local/v1/validar/${ciudadanoId}`, {
method: 'POST',
body: JSON.stringify({ tipo: documentoTipo }),
headers: { 'Content-Type': 'application/json' }
});
if (respuesta.status === 418) {
// El servidor es una tetera, o lo que es lo mismo,
// el funcionario se ha ido a almorzar.
console.log("Vuelva usted mañana... o en 20 minutos.");
return;
}
const data = await respuesta.json();
return data.valido ? "¡Ole! Todo en orden" : "Falta el sello 3B en papel timbrado";
} catch (error) {
console.error("Algo ha petado, probablemente un servidor de 1995", error);
}
}
La realidad suele ser más compleja, con certificados digitales que caducan cuando más los necesitas y firmas electrónicas que solo funcionan en una versión específica de un navegador que ya nadie usa. Por eso, que existan agencias dedicadas exclusivamente a «limpiar» este caos es vital.
El papel de la Inteligencia Artificial en la administración moderna
No podemos hablar de tecnología hoy en día sin que la IA asome la patita. Aunque la fuente original no se explaya mucho en esto, es el siguiente paso lógico para cualquier agencia de gobierno digital. En España, por ejemplo, estamos con el proyecto MarIA, que es ese modelo de lenguaje masivo entrenado en castellano y en las lenguas cooficiales.
¿Para qué queremos esto en la administración? Pues no es para que el chat de la web nos cuente chistes, sino para que sea capaz de entender una consulta compleja de un ciudadano sin que este tenga que saberse el lenguaje jurídico-administrativo de memoria. Imaginad un sistema que te ayude a rellenar la declaración de la renta o a solicitar una ayuda al alquiler simplemente hablando con él, de forma natural, como si estuvieras pidiendo una marinera y una caña en una terraza de la Plaza de las Flores.
Pero claro, aquí volvemos al tema de la soberanía. Si usamos la IA de una gran corporación americana, ¿dónde acaban los datos de nuestras consultas? ¿Quién entrena esos modelos y con qué sesgos? Por eso, la idea de tener herramientas propias y repositorios de código abierto es tan crítica. Necesitamos una IA que entienda nuestra cultura, nuestras leyes y nuestra forma de hacer las cosas.
La conexión Cartagena: Innovación con salitre
A lo mejor os preguntáis qué tiene que ver todo esto con Cartagena. Pues mucho. Cartagena no es solo piedras viejas y procesiones (que también, y bien bonitas que son). Somos un polo tecnológico industrial de primer orden. Tenemos a Navantia, que está haciendo cosas increíbles con el gemelo digital de las fragatas F-110 o el programa de submarinos S-80. Eso es tecnología punta, soberanía industrial y, en última instancia, gestión de datos masivos.
Si la administración pública adopta los estándares de los que habla la Agetic —software libre, interoperabilidad, transparencia—, se crea un caldo de cultivo donde las empresas tecnológicas locales pueden competir en igualdad de condiciones. No es lo mismo intentar venderle un software al Estado si este solo acepta soluciones cerradas de gigantes tecnológicos, que si el Estado publica sus necesidades y permite que empresas de aquí, con talento de la UPCT, desarrollen módulos para ese gran repositorio estatal.
Es una forma de democratizar el acceso a los contratos públicos y de retener el talento. Porque, seamos sinceros, da mucha rabia ver a chavales brillantísimos de Cartagena teniendo que irse a Madrid, Dublín o Berlín porque aquí solo encuentran trabajos de mantenimiento de sistemas heredados que nadie quiere tocar.
Desafíos: No todo es monte de orégano
La verdad es que el camino hacia una administración 100% digital y abierta está lleno de baches. El primero es la brecha digital. No podemos dejar atrás a la gente mayor o a quienes no tienen acceso a una buena conexión o a dispositivos modernos. Una agencia digital no solo debe crear apps bonitas, debe asegurar que nadie se quede fuera del sistema por no saber qué es un código QR.
El segundo desafío es la resistencia al cambio interna. Cambiar el «siempre se ha hecho así» por un flujo de trabajo digital y transparente cuesta sangre, sudor y muchas horas de formación. Y ahí es donde entra la labor didáctica. Hay que explicar que la tecnología no viene a quitarle el puesto a nadie, sino a quitarle el trabajo aburrido y repetitivo para que pueda dedicarse a tareas de más valor.
Y por último, está el tema de la financiación. Mantener un repositorio estatal, auditar software propietario y desarrollar herramientas propias requiere una inversión constante. No vale con una partida presupuestaria de un año para la foto; esto es una carrera de fondo.
¿Qué podemos aprender de estas iniciativas?
Al final del día, lo que nos enseña el portal de la Agetic y los movimientos similares en España es que la tecnología en el sector público es una herramienta política en el mejor sentido de la palabra. Es la forma en la que decidimos cómo nos relacionamos con el Estado y cómo protegemos nuestros derechos como ciudadanos en el entorno digital.
Me gusta pensar que, poco a poco, estamos pasando de una administración que nos pedía «fotocopia del DNI compulsada» a una que nos facilita la vida. Pero para eso, necesitamos ser exigentes. Necesitamos pedir que el software que pagamos sea libre, que nuestros datos estén seguros y que las herramientas sean fáciles de usar.
La conclusión que saco de todo esto es que, ya sea en La Paz o en Cartagena, los retos tecnológicos son sorprendentemente parecidos. La lucha por la soberanía digital, el amor por el código abierto y la necesidad de simplificar la burocracia son temas universales. Y la verdad es que, aunque a veces nos desesperemos con la sede electrónica de turno, estamos en el camino correcto. Solo falta que le pongamos un poco más de alma y un poco menos de «error 404».
Así que, la próxima vez que tengáis que pelearos con un certificado digital, recordad que detrás de esa pantalla hay toda una filosofía de cómo debe ser el poder en el siglo XXI. Y si os sentís con fuerzas, echadle un ojo a esos repositorios públicos; quién sabe, igual encontráis la inspiración para el próximo gran proyecto que nazca a orillas del Mediterráneo.
Y ahora, si me disculpáis, voy a ver si me tomo otro café, que hablar de repositorios y soberanía digital me ha dejado la garganta más seca que el cauce de la Rambla de Benipila en agosto. ¡Nos leemos!
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