historia / noviembre 17, 2026 / 15 min de lectura / 👁 45 visitas

La larga historia de las reformas a la Corte Suprema

A diferencia de la imagen de inmutabilidad que proyecta hoy, la Corte Suprema de EE. UU. ha vivido constantes cambios estructurales motivados por tensiones políticas y necesidades históricas.

La larga historia de las reformas a la Corte Suprema

El mito del mármol inamovible

Si alguna vez has visto una foto del edificio de la Corte Suprema en Washington D.C., lo primero que te viene a la cabeza es la palabra «permanencia». Ese mármol blanco, esas columnas corintias… parece que lleva ahí desde que los dinosaurios dominaban la Tierra. Y la verdad es que esa imagen de solidez no es casualidad; está diseñada para que pensemos que lo que ocurre ahí dentro es sagrado, intocable y, sobre todo, inmutable. Pero, ojo, que las apariencias engañan más que un perfil de Tinder con filtros.

La realidad es que, durante gran parte de la historia, la Corte Suprema ha sido un organismo bastante más «flexible» de lo que nos quieren vender hoy en día. No siempre fueron nueve jueces, ni siempre tuvieron el mismo poder, ni mucho menos estuvieron libres de las garras de la política más mundana. De hecho, si echamos la vista atrás, veremos que meterle mano a la estructura del tribunal era casi un deporte nacional en el siglo XIX. Lo que pasa es que ahora nos hemos vuelto un poco más rígidos, o quizás es que el clima político está tan crispado que cualquier cambio suena a sacrilegio.

Para que nos entendamos: hoy vemos la Corte como algo estático porque no hemos vivido una reforma de calado en décadas. Hay magistrados que llevan sentados en su poltrona desde antes de que muchos de los que leéis esto supierais lo que es un módem de 56k. Pero si viajamos al pasado, la cosa cambia radicalmente. La historia de las reformas judiciales es, en esencia, la historia de un tira y afloja constante entre el poder legislativo y el judicial. Y sí, esto tiene mucho que ver con cómo entendemos la democracia hoy en día, tanto en Estados Unidos como aquí en España, donde nuestro propio sistema judicial a veces parece sacado de una novela de suspense.

1801: El primer gran «baile» de escaños

Vamos a situarnos. Año 1801. John Adams, el segundo presidente de los Estados Unidos, acaba de perder las elecciones contra Thomas Jefferson. Adams era un federalista convencido (quería un gobierno central fuerte) y Jefferson… bueno, Jefferson era otra historia. El caso es que Adams, antes de dejar las llaves de la Casa Blanca, decidió que no podía irse sin dejarlo todo «atado y bien atado». Fue lo que se conoció como la maniobra de los «Jueces de Medianoche».

La Ley Judicial de 1801 fue una jugada maestra, o una chapuza política, según a quién le preguntes. Lo que hizo el Congreso saliente, controlado por los federalistas, fue reducir el número de jueces de la Corte Suprema de seis a cinco. ¿Por qué? Pues para evitar que Jefferson tuviera la oportunidad de nombrar a un nuevo juez en cuanto quedara una vacante. Pero la cosa no quedó ahí. Además de quitar ese escaño, crearon un montón de nuevos tribunales federales de menor rango para llenar el sistema de jueces afines a su ideología. Vaya, que intentaron blindar el sistema judicial antes de que llegara el «enemigo».

La verdad es que esto nos suena de algo, ¿no? Esa urgencia por colocar a los tuyos antes de que cambie el viento político es más vieja que el hilo negro. Lo curioso es que Jefferson, que no tenía un pelo de tonto, no se quedó de brazos cruzados. En cuanto tomó posesión, su partido derogó la ley de 1801 y aprobó la de 1802, devolviendo el número de jueces a seis y mandando a casa a todos esos jueces que Adams había nombrado a última hora. Fue un choque de trenes en toda regla que terminó desembocando en el famosísimo caso Marbury contra Madison, que es básicamente el «Hola Mundo» de cualquier estudiante de derecho.

¿Por qué nos importa esto ahora?

Pues porque demuestra que, desde el minuto uno, la estructura de la Corte Suprema ha sido una herramienta política. No es un ente místico que flota sobre la sociedad; es una institución diseñada por humanos, con intereses humanos y, a veces, con rencores muy humanos. Si mal no recuerdo, fue en este periodo cuando se asentó la idea de que el poder judicial podía anular leyes, algo que hoy damos por sentado pero que en su día fue un cambio de paradigma brutal.

  • La Ley de 1801: Intentó reducir la Corte para bloquear al nuevo presidente.
  • La Ley de 1802: Revirtió los cambios y restauró el orden previo (con matices).
  • El resultado: Una tensión constante que obligó a definir qué demonios era eso de la «revisión judicial».

El siglo XIX y el efecto acordeón

Si pensabas que lo de 1801 fue un caso aislado, prepárate. Durante el siglo XIX, el tamaño de la Corte Suprema cambió más veces que el precio de la luz en España. No era una cuestión de capricho, o al menos no del todo. El país estaba creciendo, se estaban añadiendo nuevos estados a la Unión y el sistema judicial tenía que expandirse para cubrir ese territorio. Pero, claro, cada vez que se añadía un escaño, el presidente de turno veía el cielo abierto para poner a alguien de su cuerda.

En 1807, se añadió un séptimo juez para cubrir los nuevos circuitos judiciales en el oeste (Kentucky, Tennessee y Ohio). Luego, en 1837, se añadieron dos más, llegando a nueve. ¿Por qué nueve? Pues porque el presidente Andrew Jackson quería asegurarse de que sus políticas expansionistas y su visión del país tuvieran respaldo legal. No era solo una cuestión de logística; era una cuestión de poder puro y duro.

Pero el momento más loco llegó durante la Guerra Civil. En 1863, el Congreso añadió un décimo juez. Sí, diez. Abraham Lincoln necesitaba una Corte que no le pusiera palos en las ruedas durante el conflicto bélico más sangriento de su historia. Tener diez jueces aseguraba una mayoría pro-Unión. Sin embargo, en cuanto Lincoln fue asesinado y Andrew Johnson (que no caía muy bien en el Congreso) asumió la presidencia, los legisladores decidieron que diez eran demasiados. Pero no lo hicieron por ahorro, sino para evitar que Johnson nombrara a nadie. Aprobaron una ley para reducir el número de jueces a siete a medida que se fueran jubilando. Al final del día, la Corte se quedó en ocho hasta que, en 1869, se fijó el número en nueve, que es el que tenemos hoy.

Es fascinante ver cómo el número de jueces subía y bajaba como si fuera una gráfica de criptomonedas. Y todo esto se hacía mediante leyes ordinarias del Congreso. No hacía falta cambiar la Constitución ni montar un referéndum. Bastaba con una mayoría legislativa y un presidente dispuesto a firmar. Esto nos da una pista de por qué hoy en día se habla tanto de «expandir la Corte» (el famoso court-packing). No es una idea nueva; es una idea vieja que ha estado en barbecho durante 150 años.

La crisis de 1937: El órdago de Roosevelt

Damos un salto en el tiempo hasta la Gran Depresión. Franklin D. Roosevelt (FDR) llega al poder con su New Deal, un paquete de medidas económicas agresivas para sacar al país del hoyo. El problema es que la Corte Suprema de aquel entonces, dominada por unos señores muy conservadores apodados «Los Cuatro Jinetes», se dedicaba a tumbar sistemáticamente casi todas las leyes de Roosevelt. Decían que el gobierno federal no tenía autoridad para regular la economía de esa manera.

FDR, que no era precisamente un hombre que aceptara un «no» por respuesta, se hartó. En 1937, tras ganar las elecciones por goleada, presentó un plan que dejó a todo el mundo con la boca abierta. Propuso que, por cada juez mayor de 70 años que no se jubilara, el presidente pudiera nombrar a un juez adicional, hasta un máximo de 15 jueces en total. Oficialmente, decía que era para «ayudar a los jueces ancianos con su carga de trabajo». Extraoficialmente, todo el mundo sabía que era para llenar la Corte de jueces que no le tumbaran el New Deal.

La verdad es que el plan de Roosevelt fue un desastre de relaciones públicas. Incluso sus aliados pensaron que se estaba pasando de frenada. Se le acusó de querer convertirse en un dictador y de romper la separación de poderes. El plan nunca se aprobó en el Congreso, pero —y aquí viene lo interesante— surtió efecto. Poco después de la amenaza, uno de los jueces conservadores empezó a votar a favor de las medidas de Roosevelt en lo que se llamó «el cambio a tiempo que salvó a los nueve» (the switch in time that saved nine). Poco después, varios jueces se jubilaron y FDR pudo nombrar a gente de su confianza de forma natural.

Lecciones de un fracaso exitoso

Lo de Roosevelt nos enseña algo fundamental sobre las reformas judiciales: a veces, la simple amenaza de reforma es suficiente para cambiar el comportamiento de un tribunal. Es como cuando tu madre te decía «como vaya yo y lo encuentre…». No hacía falta que viniera, con el tono ya sabías que tenías que encontrar el calcetín sí o sí. La Corte Suprema, a pesar de su independencia teórica, es muy consciente de su legitimidad pública. Si estiran demasiado la cuerda y se enfrentan frontalmente a la voluntad popular expresada en las urnas, saben que el Congreso tiene herramientas para recortarles las alas.

En el contexto español, esto nos recuerda un poco a las eternas renovaciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Aunque el sistema es distinto, el trasfondo es el mismo: ¿quién controla a los que controlan la ley? La politización de la justicia no es un invento moderno ni exclusivo de un país; es un dilema inherente a cualquier sistema donde los jueces tengan la última palabra sobre temas que afectan a la vida de millones de personas.

¿Por qué ahora parece imposible reformar nada?

Si durante el siglo XIX cambiaban el número de jueces como quien cambia de camisa, ¿por qué desde 1869 no se ha movido ni una coma? La respuesta corta es: tradición y miedo. Con el paso de las décadas, el número nueve se ha convertido en algo casi místico. Se ha instalado la idea de que cualquier cambio en el tamaño de la Corte es un ataque directo a la democracia, a pesar de que la historia nos dice lo contrario.

Además, hay un factor técnico que a veces olvidamos. En el pasado, los jueces de la Corte Suprema también tenían que «hacer el circuito», es decir, viajar por el país para presidir juicios en tribunales inferiores. Era un trabajo agotador y logísticamente complejo. A medida que el país crecía, hacía falta más gente para cubrir el territorio. Hoy en día, los jueces se quedan en su despacho de Washington y los casos les llegan a ellos. La excusa de la «carga de trabajo» ya no cuela tan fácilmente para justificar una expansión.

Pero la razón de peso es la polarización. En el siglo XIX, los partidos políticos eran distintos, las alianzas cambiaban y no había una división tan brutal y binaria como la de ahora. Hoy, cualquier intento de reforma se ve automáticamente como una jugada partidista. Si los demócratas proponen ampliar la Corte, los republicanos dicen que es un golpe de estado. Si los republicanos proponen límites de mandato (que, por cierto, es una idea que tiene bastante apoyo transversal), los demócratas sospechan que hay gato encerrado. Estamos en un punto de bloqueo donde la institución se degrada a ojos de la opinión pública, pero nadie se atreve a mover ficha por miedo a las consecuencias electorales.

Propuestas sobre la mesa: No todo es ampliar el número

Cuando hablamos de reforma, solemos pensar solo en el court-packing, pero hay ideas mucho más interesantes y, quizás, menos traumáticas. Vamos a ver algunas, porque la verdad es que el debate técnico es bastante jugoso:

  • Límites de mandato (Term Limits): Esta es la estrella de las propuestas. En lugar de cargos vitalicios, que los jueces sirvan, por ejemplo, 18 años. Esto permitiría que cada presidente nombre a dos jueces por mandato, haciendo que la composición de la Corte sea más predecible y esté más alineada con los cambios generacionales. Vaya, que no tendríamos a señores de 85 años decidiendo sobre la privacidad en la era de la Inteligencia Artificial.
  • Rotación de jueces: Algunos proponen que la Corte Suprema no tenga jueces fijos, sino que se nutra de jueces de tribunales de apelación que vayan rotando. Esto eliminaría el drama de las confirmaciones en el Senado, que últimamente parecen más un circo romano que un proceso legal.
  • Jurisdicción y «Shadow Docket»: El Congreso tiene el poder de decidir qué tipo de casos puede ver la Corte. Podrían, en teoría, prohibirles entrar en ciertos temas políticos sensibles. También se habla mucho de regular el «expediente en la sombra», que son esas decisiones rápidas y sin mucha explicación que la Corte toma de madrugada y que tienen un impacto enorme.
  • Código ético: Parece mentira, pero hasta hace muy poco la Corte Suprema no tenía un código ético vinculante. Mientras que cualquier juez de un pueblo perdido de Albacete tiene que cumplir unas normas estrictas, los jueces del tribunal más poderoso del mundo se autorregulaban. Esto ha generado escándalos por viajes pagados y regalos que han minado la confianza de la gente.

La verdad es que, si lo piensas, muchas de estas reformas no son «revolucionarias» (perdón por la palabra, sé que suena a cliché, pero ya me entendéis). Son simplemente ajustes para que una institución del siglo XVIII funcione en el siglo XXI. Es como intentar correr el último Call of Duty en un Pentium II; por mucho que le tengas cariño al ordenador, llega un momento en que necesitas actualizar el hardware.

La comparativa con el sistema español

Ya que estamos en aquinohayquienviva.es, no podemos evitar mirar un poco hacia casa. En España no tenemos una Corte Suprema exactamente igual a la estadounidense, sino que dividimos las funciones entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Pero los problemas de fondo son primos hermanos.

Aquí también vivimos el drama de la renovación de los órganos judiciales. El bloqueo del CGPJ es el ejemplo perfecto de cómo la política puede asfixiar a la justicia. La diferencia es que en EE.UU. el cargo es vitalicio, lo que genera una urgencia vital cada vez que muere un juez. Aquí, el problema es que los mandatos caducan y los políticos no se ponen de acuerdo para nombrar a los sustitutos, dejando al sistema en un limbo legal que afecta a miles de sentencias.

Lo que podemos aprender de la historia americana es que la estructura judicial no es algo caído del cielo. En España, hemos cambiado las leyes orgánicas del poder judicial varias veces desde la Transición. Hemos cambiado la forma en que se eligen los vocales, las mayorías necesarias… y seguiremos haciéndolo. La justicia es un servicio público y, como tal, debe adaptarse a la sociedad a la que sirve. El problema surge cuando la reforma no busca mejorar el servicio, sino controlar el resultado de las sentencias.

¿Es posible una justicia despolitizada?

Siendo sinceros, es difícil. Los jueces son personas, tienen sus ideas y su forma de ver el mundo. El objetivo no debería ser encontrar jueces «neutros» (que son como los unicornios, no existen), sino crear un sistema donde ninguna facción política pueda secuestrar la institución durante décadas. La alternancia y la transparencia son las mejores herramientas que tenemos. Y en eso, tanto España como Estados Unidos tienen mucho margen de mejora.

El papel de la tecnología en la transparencia judicial

Cambiando un poco de tercio, pero sin salirnos del tema, hay un aspecto de la reforma que rara vez sale en los periódicos: la modernización tecnológica. La Corte Suprema de EE.UU. es famosamente alérgica a las cámaras. No permiten retransmisiones en vídeo de sus sesiones, solo audio (y eso lo empezaron a hacer de forma regular hace nada, gracias a la pandemia).

En un mundo donde podemos ver en directo el lanzamiento de un cohete de SpaceX o una operación a corazón abierto por streaming, que las deliberaciones sobre los derechos fundamentales de millones de personas se hagan a puerta cerrada parece un poco anacrónico. La digitalización de los procesos, el uso de IA para analizar precedentes (con mucho cuidado, eso sí) y la apertura de los datos judiciales son formas de reforma que no requieren cambiar el número de jueces, pero que podrían transformar radicalmente la percepción pública de la justicia.

Imaginaos un sistema donde cualquier ciudadano pudiera rastrear cómo ha evolucionado la jurisprudencia sobre un tema concreto mediante una herramienta visual sencilla, en lugar de tener que leerse 500 páginas de jerga legal infumable. Eso también es reforma. Eso también es acercar el poder al pueblo. Pero claro, a veces al poder le gusta mantenerse envuelto en ese halo de misterio y mármol para que no le hagamos demasiadas preguntas.

Reflexiones sobre el futuro

Al final del día, la historia de las reformas a la Corte Suprema nos enseña que el cambio es la única constante. Lo que hoy nos parece una estructura inamovible fue, en su momento, el resultado de una negociación política tensa, de un compromiso o de una victoria electoral. No hay nada de malo en cuestionar si el sistema actual sigue siendo el mejor posible. De hecho, es un ejercicio de salud democrática.

La pregunta no es si la Corte cambiará, sino cuándo y cómo. ¿Será a través de un acuerdo bipartidista para establecer límites de mandato? ¿O será mediante un choque de trenes similar al de 1937? La historia sugiere que las instituciones suelen resistirse al cambio hasta que la presión externa es insoportable. Y viendo los niveles de insatisfacción actuales, parece que la caldera está cogiendo bastante presión.

Para los que nos gusta la historia y la tecnología, este es un momento fascinante. Estamos viendo cómo instituciones diseñadas en la era de las carretas intentan navegar en la era de los algoritmos. Y la verdad es que, por mucho mármol que le pongan, el edificio va a tener que abrir las ventanas y dejar que corra el aire tarde o temprano. Porque una justicia que se percibe como lejana, estancada y partidista, acaba perdiendo su activo más valioso: la confianza de la gente.

Vaya, que nos espera una década movidita en lo que a tribunales se refiere. Y aquí estaremos para contarlo, con un café en la mano y tratando de descifrar qué hay detrás de cada toga y cada sentencia. Porque, como hemos visto, en el mundo de la alta política judicial, nada es lo que parece y todo puede cambiar con una simple ley del Congreso.

La conclusión que saco de todo esto es que no debemos tener miedo a las reformas. El sistema judicial no se va a romper por ajustar el número de jueces o ponerles un límite de tiempo. Se rompe cuando deja de ser un reflejo de los valores de la sociedad y se convierte en un búnker. Y si algo nos ha enseñado la historia, desde 1801 hasta hoy, es que los búnkeres, tarde o temprano, acaban siendo museos.

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unpokitodxfavor

Propietario de aquinohayquienviva.es, web de noticias relacionadas con la ciencia, tecnología, y cultura en general.

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